Tomo prestado el título de una investigación de Benedicte Manier, realizada no hace muchos años y en la que documentaba diversas formas de violencia de género, para reflexionar acerca de esto mismo.
Oleadas de asesinatos en Ciudad Juárez, violaciones indiscriminadas en zonas de guerra, mutilaciones genitales en África, abortos selectivos en India, abusos a menores o maltratos de sus parejas en Occidente… Las mujeres son víctimas de violencia por el mero hecho de ser mujeres en cualquier parte del mundo, a cualquier edad –antes incluso de haber nacido-, y sea cual sea la situación en la que vivan.
No sólo ocurre en lugares envueltos en conflictos bélicos o con escasos niveles de desarrollo, sino que en muchas ocasiones esta violencia sucede en países presuntamente democráticos, que presuntamente también protegen los derechos de sus ciudadanías. Esto debe hacernos conscientes de que cualquier mujer está expuesta, allá donde viva, a las diversas formas que toma la violencia contra ellas y a la muerte. Diferentes tipos de violencia, pero todas con un denominador común: estar basadas en la desigualdad entre hombres y mujeres, lo cual se revela como un mecanismo de dominación y control por parte de los unos hacia las otras.
Las acusaciones por parte de quienes estudian estas realidades van más allá de las que se hacen a los propios actores materiales de las agresiones. Se extienden al conjunto de las sociedades y a los Estados. Algunos de éstos, por una aceptación manifiesta de ciertas formas de violencia contra las mujeres, incluso dentro de sus códigos penales; y otros, los supuestamente democráticos, porque no cumplen con su obligación como garantes de la vida de las personas como condición previa en un Estado de Derecho.
La mayoría de las veces estamos ante una violencia ilegal pero “legítimada”, que se escuda en una “impunidad consentida” por las instituciones, lo que supone una manifiesta falta de protección a las mujeres que la padecen.
Sin embargo, y a pesar de su aceptación dentro de la “normalidad” en muchos países, la violencia contra las mujeres no debe tomarse como algo “natural”, sino que debemos ser conscientes de que puede y debe erradicarse. Pero, para que esto ocurra, debe irse a la causa del problema; la anteriormente citada desigualdad entre hombres y mujeres. Y en ello tienen un papel esencial las sociedades en general y las instituciones de los Estados en particular.
Para instaurar la igualdad entre ambos sexos, que hará que la violencia hacia las mujeres desaparezca, deberán darse cambios sustanciales de los que los Estados deben ser promotores. Y es que la violencia contra las mujeres no se solucionará exclusivamente a través de vías policiales y judiciales; que han sido las únicas puestas en marcha por la mayoría de los países democráticos.
Todos y cada uno de los Estados deben dejar de ser “cómplices” de esa “impunidad” existente, que permite que se reproduzcan las circunstancias que permiten la continuación de este tipo de actitudes. En ese sentido, como bien dice Marcela Lagarde, experta en el tema, la omisión del Estado en la construcción práctica de la igualdad entre mujeres y hombres y la equidad de género contribuye activamente a esta violencia.
Por ello, y porque deben ser garantes de los derechos de las personas, deben erigirse como responsables de la construcción social de la igualdad, enfrentando precisamente la causa más profunda del problema, la de la igualdad entre sexos. Así, los Estados deberán garantizar la seguridad de las mujeres tanto en el ámbito público como en el privado, para prevenir cualquier circunstancia que conduzca a las mujeres a una situación de riesgo psicológico, sexual, económico, laboral, educativo, o de cualquier otro tipo, que pueda incluso provocarles la muerte; algo que ocurre aún hoy en día con demasiada asiduidad.
Quienes más apoyo requerirán en este proceso serán, sin duda alguna, las mujeres de los Estados en los que no está garantizada la democracia ni el desarrollo, y que viven con un mayor peligro de padecer cualquier forma de violencia. En ese sentido, los países con una situación más avanzada en la lucha por la igualdad de género deberán, al mismo tiempo, servir de referencia y acompañar a las sociedades más rezagadas en este aspecto para que, más pronto que tarde, ya no tengamos que preocuparnos, en ningún país del mundo, por la vulneración de los derechos de las mujeres.
